Según un estudio elaborado a nivel nacional por la Universidad de Extremadura, los extremeños, aunque supuestamente iguales en derechos al resto del país, nos encontramos más lejos en la práctica al acceso a los servicios básicos como lo son estudios de Bachiller o la atención sanitaria. El estudio infiere, entre otras cosas, que “las diferencias de accesibilidad observadas entre las distintas regiones españolas suponen un importante lastre, tanto para la garantía de este principio, como para la igualdad efectiva de derecho”, que debe ser compensado.
Por poner uno de los muchos ejemplos en este sentido, un estudiante extremeño tiene que recorrer una media de 6,6 kilómetros para llegar al instituto más cercano, mientras que la media nacional es casi la mitad, esto es, unos 3,4 kilómetros.
Por desgracia, muchas veces la realidad supera duramente a lo que indican las estadísticas, siendo este el caso de los alumnos de Bachillerato que se ven obligados a recorrer diariamente hasta 60 kilómetros, de ida y de vuelta, para poder llegar así a sus centros de estudios.
En Extremadura, el 15,04% de la población se encuentra a más de 15 kilómetros de distancia del centro público de Bachillerato y de Formación Profesional más cercano. Los alumnos de Brozas, por ejemplo, tienen que recorrer 26,8 kilómetros para acceder a su instituto, y los de Hoyos, 23,2. En la provincia de Badajoz, los estudiantes de Secundaria de Talarrubias deben recorrer 18,8 kilómetros para ir a clase, y los de Azuaga, casi 13.
El estudio, que ha sido dirigido por el profesor Luis Murillo, del Departamento de Economía de la Uex, ha analizado en todo el país y, por comunidades, las llamadas “balanzas de accesibilidad” en servicios públicos fundamentales, como la sanidad y la educación.
El concepto de 'accesibilidad' es un indicador novedoso a la hora de evaluar el principio de equidad en la prestación de estos servicios, tras comprobar las importantes diferencias existentes en la morfología poblacional y territorial existente entre las comunidades.
Con este instrumento se mide, tanto en tiempos como distancias de acceso, la capacidad que el ciudadano de una comunidad autónoma y de su población, tiene para acceder a los servicios sanitarios y educativos ofertados en dicha comunidad.
«Sólo en el caso de que el Estado se estructurara en comunidades con idénticas poblaciones, extensiones territoriales y densidades de población resultaría válida la utilización de cualquiera de estos criterios», entienden los autores del estudio.
Como dijimos al principio, en teoría, todo ciudadano español «tiene derecho a disfrutar de unas infraestructuras educativas similares a las infraestructuras educativas medias del Estado español». Para comprobar esta máxima, esto es, si realmente todas la regiones españolas están disfrutando de un nivel de servicios educativos igual, los autores del estudio han considerado que la variable óptima es la distancia media que tiene que recorrer un ciudadano para llegar al centro educativo más próximo.
Efectos negativos
La mayor distancia se traduce, en opinión de los investigadores, en una menor calidad educativa ya que tiene tres efectos negativos directos: mayor tiempo de desplazamiento en el trayecto entre el domicilio y el centro educativo; necesidades de transporte escolar para un mayor porcentaje de población; y mayor desmotivación de los alumnos para continuar sus estudios tras completar la enseñanza obligatoria.
