El pasado mes de enero de 2013, J.G.C., director gerente de Aprosuba – 6, con sede en Llerena, tras 20 años en la empresa, era despedido tras la celebración de una auditoría realizada en el centro, la cual revelaba graves irregularidades en su gestión.
Ahora, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ha considerado ajustada a derecho el despido disciplinario del mismo.
La dirección de Aprosuba argumentó el despido en que la gestión de su gerente había llevado a la asociación a una «nefasta situación económica» que le puso al borde la quiebra técnica.
La carta de despido hace un relato detallado de las irregularidades halladas por el economista auditor. Se explica que el director dejó de pagar las cuotas de un crédito que tenía Aprosuba con el BBVA sin informar a la directiva, lo que provocó el embargo de todo el patrimonio de la asociación.
Otra de las irregularidades detectadas es la existencia de una “caja única” para la asociación y la mercantil Aprosuba 6, con préstamos entre ambas sociedades que no están documentados ni se reflejan en la memoria. También se detectó un «uso exagerado» de la cuenta llamada " partidas pendientes de aplicación " que se arrastran de un año para otro sin explicación. Hay préstamos de trabajadores sin justificar ni fijar la forma de devolución, unos hechos que son «contrarios a la legalidad fiscal».
La auditoría detecta que existen usuarios que no han sido derivados por la Junta de Extremadura y a los que, sin embargo, se les atiende en el centro. Por este servicio se llega a cobrar a las familias, lo que supone una «clara venta de servicios públicos». La carta de despido relata hechos que califica como «ilegales», consistentes en la existencia de doble financiación de las plazas públicas. Se cuenta el caso de una joven que es usuaria del servicio de vivienda tutelada y del centro ocupacional y a la vez es alumna del colegio de educación especial.
Hay igualmente usuarios derivados por el Sepad al centro ocupacional que aparecen también como alumnos del centro de educación. Es decir, están duplicados y se perciben ingresos por ambas instituciones de manera irregular. Estos hechos están a expensas de posibles inspecciones de la Junta de Extremadura, que podría retirar ayudas.
Otro apartado en el que se detectan irregularidades que se imputan al director es la justificación de gastos que se presentan a la Junta para obtener subvenciones a través de facturas emitidas por una empresa de muebles y tapicería. Supuestamente esos gastos eran para comprar material de rehabilitación, lo cual no es la especialidad de la empresa. También se observa que el centro ocupacional vende productos de carpintería, pero esos mismos armarios y mesas que ha vendido se le vuelven a comprar a la empresa de muebles.
Contrato fraudulento
Las irregularidades continúan con el descontrol en el cobro de los recibos a los socios, que se encontraba «abandonado». Existían un gran número de recibos sin abonar. La auditoría da constancia también de la existencia de un contrato fraudulento: constaba como cuidadora una persona y quien en realidad hacía las funciones era la madre de quien aparecía en el contrato, que era a la vez presidenta de la anterior junta directiva.
Otro asunto grave que denuncia la auditoría atañe al propio director, del que se dice que está cobrando un sueldo de la Junta por el desempeño de unas funciones de maestro y de director de centro concertado que no realiza.
Además de no cumplir con sus tareas, se acusa al director de un trato discriminatorio a los trabajadores, e incluso de haber obstaculizado el derecho a la defensa de una usuaria que denunció supuestos abusos sexuales de un monitor. Según la carta dejó «casi en desamparo» a esa chica, discapacitada intelectual, y no puso en conocimiento de la Junta los hechos denunciados.
El Tribunal Superior de Justicia rechaza el recurso presentado por el director gerente de Aprosuba-6 contra su despido disciplinario, que estima ajustado a derecho. El afectado puede recurrir en casación.
Fuente: Periódico Hoy
