Se trata del único centro de estas características existente en todo el Sur de Extremadura, centro de vital importancia para toda la comunidad en general.
La comunidad terapéutica Casa Roja atiende a personas con graves problemas de drogodependencia y enfermedad mental y tendría que cerrar sus puertas si el Gobierno de Extremadura no la financia, dejando a estas personas en la calle y a los ciudadanos sin un servicio altamente especializado.
Desde la comunidad terapéutica Casa Roja se atiende a personas que se encuentran en grave situación de exclusión, proporcionándoles un tratamiento individualizado, especializado y multidisciplinar, que incluye a su entorno familiar, y que es completado con programas de inserción sociolaboral para garantizar la inclusión de estas personas en su entorno convirtiéndolos en sujetos activos y con la mayor autonomía posible. La supresión del servicio que presta la comunidad terapéutica Casa Roja, centro conveniado con el Servicio Extremeño de Salud (SES), mermaría los derechos de estas personas a recibir un tratamiento adecuado para su enfermedad y, por tanto, su derecho a la salud.
En los últimos años, el Gobierno de Extremadura había recortado el presupuesto destinado a este centro en un 30% y, aún así, ALUCOD, la entidad sin ánimo de lucro que gestiona la comunidad terapéutica Casa Roja y su fundadora, había continuado proporcionando el mismo servicio financiándolo con sus propios recursos, que es gratuito para las personas que lo reciben.
Dejar sin financiación a la comunidad terapéutica Casa Roja supondría un ahorro a la Administración Pública pero, ¿cuál es el coste de dejar sin tratamiento a personas con graves problemas como los que generan las drogodependencias unidas a la enfermedad mental?, medir el impacto del daño en términos económicos no es fácil pero podemos pensar en algunos datos que nos darían una idea. Además de los costes directamente relacionados con la prevención y tratamiento de problemas de salud derivados de su consumo, las drogas también ocasionan costes sociales: se pueden contemplar sus efectos en término de mortalidad prematura, pérdidas de productividad laboral, mayor probabilidad de cometer actos delictivos y de costes intangibles como el dolor o el sufrimiento ocasionado por el abuso de estas sustancias, y dejar a toda una región, la del sur de Badajoz, sin un recurso asistencial de estas características. Contemplar los efectos de las adicciones a sustancias ilegales sin tener en cuenta este tipo de costes supone una grave infravaloración de su impacto.
Además de esto, hay que tener en cuenta la destrucción de empleo directa e indirecta que supondría la no financiación de la comunidad terapéutica, además de los despidos de los trabajadores del centro, habría que tener en cuenta el impacto negativo en la economía local.
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