El Supremo cierra el caso del Ayuntamiento de Berlanga
El tribunal rechaza el último recurso y confirma la absolución de los acusados por prevaricación y falsedad documental
Un procedimiento judicial que llevaba años acompañando al Ayuntamiento de Berlanga llega definitivamente a su fin. El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso presentado contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz que había absuelto a los acusados, entre ellos un exalcalde y varios trabajadores y responsables municipales.
La resolución, dictada por la Sala de lo Penal del Supremo, desestima todos los motivos planteados por la acusación particular y confirma así el pronunciamiento absolutorio. Además, contra esta decisión ya no cabe recurso.
Un conflicto que se remonta a 2011
Para entender el caso hay que retroceder más de una década. El procedimiento estaba relacionado con distintas decisiones adoptadas en el Ayuntamiento entre 2011 y 2013, entre ellas la situación económica municipal, la elaboración de un Plan Económico Financiero, determinadas actuaciones contables, la modificación del proyecto de una residencia de mayores y el despido de dos trabajadores fijos del consistorio.
Uno de los puntos que acabó teniendo especial protagonismo fue un apunte contable de 826.000 euros, incorporado en junio de 2011 con efectos sobre el presupuesto de 2010 y relacionado con el proyecto de construcción de la residencia.
Sin embargo, la sentencia considera que no quedó acreditado que ese apunte fuese el causante del desequilibrio presupuestario que posteriormente llevó a elaborar el Plan Económico Financiero. Los hechos probados sitúan el origen fundamental de ese desequilibrio en una operación de crédito a largo plazo de 500.000 euros realizada durante 2010, antes de la llegada del nuevo gobierno municipal.
Los despidos, otro de los puntos clave
El Plan Económico Financiero aprobado en enero de 2012 incluía, entre otras medidas, la amortización de dos puestos de trabajo fijos del Ayuntamiento.
Los empleados fueron despedidos poco después. Inicialmente, el Juzgado de lo Social declaró nulos esos despidos, aunque posteriormente el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura los consideró improcedentes. Finalmente, el entonces alcalde optó por indemnizar a los trabajadores.
La acusación defendía que detrás de estas decisiones existían razones políticas y reclamaba que el exalcalde fuese condenado por prevaricación. El Supremo, sin embargo, respalda el criterio de la Audiencia Provincial: no quedó acreditada una actuación arbitraria ni una finalidad discriminatoria en esas decisiones.
Tampoco aprecia falsedad documental
Otra parte importante del procedimiento giraba alrededor de las actuaciones de quienes desempeñaban las funciones de Tesorería y Secretaría-Intervención.
La acusación reclamaba condenas por falsedad documental y falsedad de certificado. El Tribunal Supremo tampoco acepta estos argumentos y señala que los hechos declarados probados no permiten atribuir a los acusados la intención necesaria para considerar esas actuaciones como delitos.
El tribunal recuerda además una diferencia importante: que pueda existir un error o incluso un posible incumplimiento profesional no significa automáticamente que exista un delito.
De la Audiencia al Supremo
La Audiencia Provincial de Badajoz ya había dictado en septiembre de 2023 una sentencia absolutoria para las personas acusadas de los delitos de prevaricación y falsedad.
Uno de los trabajadores implicados en el procedimiento recurrió entonces ante el Tribunal Supremo, cuestionando, entre otros aspectos, la valoración de las pruebas, la imparcialidad del tribunal y la absolución por los delitos investigados.
Ahora, el Supremo rechaza el recurso en su totalidad. También concluye que no existió la falta de imparcialidad denunciada ni aprecia una vulneración de las garantías procesales que justifique anular la sentencia.
La decisión es definitiva: el recurso queda desestimado, el recurrente deberá asumir las costas ocasionadas y contra la sentencia del Tribunal Supremo no cabe ya ningún otro recurso. De esta forma se pone punto final a un largo procedimiento judicial relacionado con la gestión municipal de Berlanga de hace más de una década.
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